miércoles, agosto 17

Diputados piden investigar procesos de licitación y adjudicaciones directas del Poder Judicial de Veracruz

El diputado Local por el Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila, presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo en el que se exhorta a las autoridades correspondientes a realizar investigaciones a los procesos de licitación y adjudicaciones directas del Poder Judicial del Estado de Veracruz, ante diversas quejas e irregularidades denunciadas por usuarios y servidores públicos.

Anteproyecto de Punto de Acuerdo

(Se exhorta a las autoridades correspondientes a realizar investigaciones a los procesos de licitación y adjudicaciones directas del Poder Judicial del Estado de Veracruz)

Xalapa, Ver; a 21 de julio 2022

C O N S I D E R A N D O S

El Plan Nacional de Desarrollo es el documento en el que el Gobierno de México, a través de consultar al Pueblo, plantea sus objetivos prioritarios durante el sexenio. Dentro de sus ejes transversales se encuentra el del Combate a la Corrupción y mejora de la Gestión Pública, que busca eliminar la corrupción y garantizar la eficiencia de la administración pública.

Con este propósito, el Poder Ejecutivo federal puso en juego todas sus facultades legales a fin de asegurar que ningún servidor público pueda beneficiarse del cargo que ostente, sea del nivel que sea, salvo en lo que se refiere a la retribución legítima y razonable por su trabajo.

Lo anterior, significa un combate total y frontal a las prácticas del desvío de recursos, la concesión de beneficios a terceros a cambio de gratificaciones, la extorsión a personas físicas o morales, el tráfico de influencias, el amiguismo, el compadrazgo, la exención de obligaciones y de trámites y el aprovechamiento del cargo o función para lograr cualquier beneficio personal o de grupo.

Siendo en este sentido que los lujos, los dispendios y la opulencia que caracterizaban el ejercicio del poder en gobiernos anteriores han llegado a su fin.

Se hace necesario recordar, que quien no conoce su historia está destinado a repetirla, que el 24 de mayo del año 2016 el portal Animal Político documentó el lamentable caso de las empresas fantasmas de Veracruz, este modo de operar consistía en que un grupo de funcionarios cercanos a Javier Duarte se aseguraban de otorgarles, vía adjudicaciones directas o licitaciones simplificadas, contratos a empresas que se registraban como proveedoras del gobierno que podían vender desde pañales hasta cemento. Se menciona en el reportaje que con este procedimiento lograron desaparecer al menos 645 millones 693 mil pesos, tan solo en un año, del 2012 al 2013.

A pesar de la investigación anterior el 21 de julio de 2016, el Pleno de este Congreso con la mayoría del Partido en el Poder se prestó y aprobó un decreto en el que se comprometía la recaudación del Impuesto del 3% a la Nómina, para pagar a largo plazo pasivos dentro de los cuales se encontraban algunos de estas empresas fantasmas.

Y ante todo esto el titular, en aquel momento, del Órgano de Fiscalización Superior, no documentó ni señaló absolutamente nada al respecto.

Estos hechos delictivos mantienen al día de hoy al ex Gobernador de Veracruz en prisión, pero pareciera que justamente hoy al cumplir exactamente 6 años de aquellos evidentes actos de corrupción, que lastimaron tanto a las veracruzanas y veracruzanos, en el Poder Judicial del Estado de Veracruz probablemente se están repitiendo estas lamentables prácticas.

Y es que se ha documentado información que se encuentra publicada en el portal de transparencia de este Ente, prácticas similares a las documentadas y denunciadas en aquella época del Duartismo por Animal Político.

Existe información que nos arroja indicios suficientes para encontrarnos ante el otorgamiento de diversos contratos a empresas fantasmas y es que los domicilios fiscales, que obran en los contratos de estas asignaciones, transitan desde los estacionamientos, las vecindades, construcciones en obra negra, lavados de autos, andadores, callejones, a las cuales se les han otorgado millonarios contratos para adquirir material de papelería, mobiliario y equipo de oficina, sanitización, compras de insumos para prevenir contagios de COVID, mantenimiento de aires acondicionados, equipos de cómputo; todo lo anterior, bajo esquemas de adjudicación directa o licitaciones simplificadas, totalmente opacos y ajenos a los criterios de racionalidad del gasto al ser notorios los sobreprecios en los que se adquieren dichos productos.

Tan solo a manera de ejemplo, existe la sospecha de que se otorgó un contrato, por una cantidad superior a los 6 millones y medio de pesos, para adquirir mobiliario de oficina a una persona física cuyo domicilio fiscal se encontraba, al momento en el que se otorgó, en la Ciudad de Martínez de la Torre, y donde hoy en día existe una construcción en obra negra, donde se proyectan locales comerciales y una cuartería.

Además debemos resaltar, que de acuerdo al contenido del contrato esta persona física, inició operaciones en enero de 2019 y para el final de ese año ya contaba con el capital suficiente para soportar una compra millonaria como la otorgada. Escuchen esto, la dueña de esta empresa es una joven que al momento del contrato contaba con escasos 23 años.

Otro dato relevante lo constituyen los poco más de 14 millones y medio de pesos que se destinaron para sanitizar diversas instalaciones del Poder Judicial, sin que exista constancia de que la persona física a la que se le otorgaron dichos contratos, por adjudicación directa, contara con las certificaciones necesarias para brindar dicho servicio.

En el mismo sentido existen viáticos erogados por diversos magistrados en los que se encuentran duplicadas sus comprobaciones, así como comisiones en las que trasladan cuadrillas de personal para realizar labores de limpieza y jardinería en diversas instalaciones de los distritos judiciales, donde se reportan gastos promedio de más de 2 mil pesos diarios por persona.

¿Acaso no sería más económico que se contratarán estos servicios en aquellos lugares? Pareciera que la toma de estas decisiones obedece a intereses ajenos a la optimización y racionalización del gasto.

Lo anterior nos lleva a pensar en las diversas situaciones en las que se ha visto envuelta la administración del Poder Judicial del Estado de Veracruz, pasando desde la aplicación de un llamado Plan de Eficiencia de Recursos y Austeridad del año 2021, que desvió recursos etiquetados para el pago de los togados, hasta la crisis financiera de la que extrañamente nadie se percató y que provocó la solicitud a esta Soberanía de una ampliación presupuestal, por un monto de 500 millones de pesos, que según sus cuentas eran necesarios para salir de dicha crisis y que al final, únicamente se otorgaron 200 MDP, de los cuales ni siquiera supimos si lograron ayudar a este poder a salir de la crisis o dejaron pendientes económicos por resolver.

Todo esto es muy preocupante, porque de los hechos señalados, podemos presumir que la administración de los recursos de aquel poder no tiene ni pies ni cabeza, ni mucho menos organización, no vaya a ser que al final del presente ejercicio acudan nuevamente con una solicitud de ampliación presupuestal para salir de una crisis que pareciera nunca existió, o si existió, obedeció a malos manejos, que desgraciadamente pudo haber sido la causa principal del cierre de juzgados en perjuicio de los justiciables.

Es una verdadera lástima que no se haya comprendido aún que la cuarta transformación significa asumir un compromiso con el Pueblo de México de hacer valer los principios de NO MENTIR, NO ROBAR Y NO TRAICIONAR. Nuestro Presidente, Andrés Manuel López Obrador da muestra todos los días de cómo se debe conducir un funcionario público, dejado atrás los peores vicios de las épocas más negras de nuestra historia reciente, igual que lo hace nuestro Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, dando un ejemplo que debemos seguir todos quienes nos desempeñamos en la función pública.

Por todo lo anterior, pongo a consideración del pleno junto la información recabada, para que de aprobarse se desarrolle una investigación a fondo respecto de tan vergonzosas prácticas, a través del siguiente:

ANTEPROYECTO DE PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorte respetuosamente al Sistema de Administración Tributaria para que en término del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, investigue si el listado de contribuyentes que han prestado servicios o comercializado insumos al Poder Judicial del Estado de Veracruz durante los ejercicios fiscales 2019, 2020, 2021 y a la fecha de 2022 han emitido facturas sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o comercializar dichos bienes, o si bien no se localizan, presumiendo la inexistencia de las operaciones, es decir, que corroboren si han simulado operaciones o son empresas fantasma.

SEGUNDO.- Se exhorte respetuosamente a la Unidad de Inteligencia Financiera para que analice las operaciones financieras y económicas y evolución patrimonial de los proveedores y funcionarios del Poder Judicial del Estado de Veracruz, y de ser el caso, implemente y de seguimiento a los mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones, que pudieran favorecer operaciones con recursos de procedencia ilícita, en términos de lo dispuesto por los artículos 400 Bis y 400 Bis 1 del Código Penal Federal.

TERCERO.- Se exhorte respetuosamente al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para que, en uso de sus atribuciones, lleve a cabo una auditoría integral que incluya un informe técnico, financiero, de legalidad y desempeño de los procesos de licitación y adjudicaciones directas del Poder Judicial del Estado de Veracruz del año 2019 a la fecha y de los recursos extraordinarios que hayan recibido, se evalúen los resultados del Plan de eficiencia de recursos y austeridad del Poder Judicial implementado en el ejercicio fiscal 2021, se analice la justificación de la solicitud de ampliación presupuestal por 500 millones de pesos para aliviar la supuesta crisis financiera que terminó resolviéndose extraordinariamente con 200 millones que se otorgaron durante el pasado ejercicio fiscal.

CUARTO.- Se exhorte respetuosamente al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para que en ejercicio de sus atribuciones inicie una investigación interna de lo aquí expuesto y en caso de existir algún tipo de responsabilidad lleven a cabo las acciones necesarias para sancionar ejemplarmente a los responsables e informe lo concerniente a esta Soberanía.

QUINTO.- Se exhorte respetuosamente al Instituto Nacional de Acceso a la Información para que inicie el procedimiento de denuncia por falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General en la que incurre el Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en el Portal Nacional de Transparencia.

SEXTO.- Se exhorte respetuosamente al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, realice una auditoría a las obligaciones de transparencia del Poder Judicial del Estado.

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